Litoral Pacífico: Tierra de todos
Recientemente dos columnas de opinión han afirmado que la pobreza y rezago del Pacífico colombiano se debe principalmente a la propiedad colectiva de la tierra otorgada a las comunidades negras. Se trata de las publicaciones 1) Why Colombia’s Pacific coast is so poor del prestigioso diario The Economist y 2) La condena del Pacífico del diario
Portafolio. Ambas publicaciones justifican el atraso de la región en el modelo de titulación colectiva y la consulta previa desde una visión incompleta, sin aportar evidencia científica ni estadística; basados en percepciones erradas que desconocen factores históricos determinantes y las dinámicas actuales del territorio. La principal pregunta que nos surge ante estas publicaciones es: ¿acaso el litoral Pacífico no era pobre antes de la titulación colectiva y la consulta previa?
El litoral Pacífico está conformado por los municipios ubicados en el extremo occidental de la región Pacífico, comprende la franja costera del Pacífico y todos los municipios del Chocó. Estos son los territorios más periféricos, integrados mayoritariamente por territorios colectivos de comunidades negras, resguardos indígenas y áreas protegidas.
La propiedad colectiva y la consulta previa fueron reconocidos hace 26 años a las comunidades negras en la ley 70 de 1993, sin embargo, solo hasta 1996 se asignó el primer título colectivo en la cuenca del Atrato, por lo que los territorios llevan cerca de 20 años bajo titulación colectiva. El litoral Pacífico ya tenía enormes brechas socioeconómicas con el resto de la región y el país, como resultado de la acumulación de deudas históricas.
Es suficiente comparar los indicadores económicos de Cali con Buenaventura, de Popayán con Guapi, y de Tumaco con Pasto, municipios en un mismo departamento, pero con contrastes penosos. Así mismo comparar cualquier capital de departamento del Pacifico con Quibdó para intuir que los municipios del litoral parecieran estar condenados por su ubicación geográfica o por ser tierra de afros e indígenas.
Como se puede apreciar en el gráfico 1, existe una gran brecha entre las ciudades capitales del Pacífico y Antioquia con respecto a las ciudades más representativas del litoral desde, cuando aún no se había implementado ni reglamentado la ley 70, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en las principales ciudades representaban más del doble de aquellas en la capital más inmediata.
Para comprender los determinantes de este rezago económico o las verdaderas causas de la pobreza en el litoral Pacífico hay que mirar más allá de la ley 70, es necesario referirnos a la incapacidad del Estado colombiano de suplir las necesidades básicas de las comunidades de esta subregión, a la corrupción multinivel y al devastador impacto del conflicto armado.
Frente al rol del Estado en el litoral Pacífico y la visión de desarrollo, nunca ha existido la suficiente voluntad política para implementar un modelo de desarrollo económico sostenible que armonice la visión de las comunidades del litoral con los intereses de la clase política que gobierna el país. Tampoco se han generado los mecanismos e inversiones necesarios para reducir las brechas y fortalecer las instituciones locales. Las acciones de los gobiernos nacionales han sido generalmente respuestas transitorias y coyunturales suscitadas por protestas sociales que pierden capacidad en el mediano plazo. Prueba de ello, es que después de múltiples intervenciones, como la PLAIDECOP en los 80’s y Plan Pacífico en los 90’s, no se materializó una reducción de brechas significativa.
Sumado a esto, la presencia de corrupción en las administraciones locales, una realidad de todo el país, no ha permitido crear capacidad institucional local ni garantizar la provisión de bienes ni la prestación de servicios públicos mínimos como acueducto y alcantarillado. Así mismo, el conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley ha afectado de manera aguda las comunidades, prueba de ello es que más del 47 por ciento de los desplazamientos forzados y cerca del 30 por ciento de los asesinatos de líderes sociales del país, ocurrieron en el litoral Pacífico.
Si bien en algunos municipios del litoral pacífico como Quibdó y Guapi han empeorado en indicadores como NBI, esto no es atribuible a la titulación colectiva, sino a las causas estructurales descritas. Contrario a lo que las dos publicaciones señalan, reconocidos académicos de la Universidad de los Andes, y el Banco de la República de Colombia, han proveído evidencia científica sobre los beneficios que ha generado la titulación colectiva y respaldan que la titulación no ha frenado la actividad económica en el litoral Pacífico, sino todo lo contrario: disminución de la pobreza extrema, mejoramiento de vivienda, incrementos en tasas de asistencia escolar, reducción del hacinamiento y la deforestación.
Pese a que las comunidades negras les han titulado casi seis millones de hectáreas, correspondientes a más del 80% del territorio del litoral Pacífico, nunca se les ha concedido los mecanismos o instrumentos para desarrollarla, convirtiéndolas junto con los indígenas en los únicos terratenientes pobres del país. En esa medida, para superar este atraso histórico no hay otro camino que implementar acciones efectivas que reviertan las causas estructurales de la pobreza. Probablemente, la única forma de hacerlo es fortaleciendo sus comunidades y territorios.
Por tanto, es urgente avanzar en la provisión mínima de bienes y servicios públicos por parte de las entidades gubernamentales de los diferentes niveles, reglamentar la ley 70 en su totalidad y construir e implementar una visión conjunta de desarrollo sostenible desde el capital humano y la riqueza natural y cultural del litoral Pacífico. La reglamentación del capítulo económico, es fundamental para crear mecanismos de financiación y apalancamiento que les permita a las comunidades desarrollar actividades productivas en sus territorios. Dichos mecanismos han sido creados en otros países como Estados Unidos y Canadá donde los nativos americanos son propietarios colectivos de casinos, parques de diversión, cultivos, entre otros.
Así mismo, es indispensable que el gobierno nacional cumpla la obligación legal de transferir los dineros por el predial a los municipios donde existen territorios colectivos. Lo controversial de este asunto es que estos dineros no serán destinados directamente a los consejos comunitarios, quienes administran los territorios y carecen de recursos para hacerlo, sino para las alcaldías. Por lo cual, es importante generar mecanismos para que estos recursos lleguen directamente a las comunidades.
Por último, las mismas comunidades son las que deben liderar con instrumentos apropiados la transformación de sus territorios, apostándole a actividades sostenibles como el turismo de naturaleza, la pesca, negocios verdes, entre otras actividades que generen encadenamiento productivo. Finalmente, el problema no es que la tierra sea colectiva, sino que no tenga las herramientas para desarrollarla. En el litoral Pacífico preferimos que la tierra siga siendo de todos.
Fuente: https://www.semana.com/
